La publicación de los documentos confidenciales tuvo como respuesta una dura declaración de James Jones, Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Obama. En su comunicado, Jones dijo que Estados Unidos “condena duramente la revelación de información clasificada por individuos y organizaciones que podría poner en peligro la vida de los americanos y nuestros socios, y amenazan nuestra seguridad nacional”. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, defendó la revelación de la información porque muestra el horror de la guerra. “La historia real de este material es que es guerra”, dijo.

Wikileaks reportó que 23,000 usuarios concurrentes estaban descargando los documentos. Su página principal permaneció inaccesible en algunas ocasiones, pero el sitio alternativo montado por Wikileaks, “El Diario de Guerra Afgano”, satisfacía las demandas de los usuarios.

Para Estados Unidos y sus políticas de seguridad de la información, esta fuga ilustra el gran poder que puede llegar a tener una brecha de este calibre. Entre las consecuencias, hay varias opciones: que se decida que los documentos revelados no son realmente una amenaza para la seguridad nacional; que las agencias se muestren menos proclives a marcar documentos como secretos o, por el contrario, que se refuercen aún más los controles de seguridad de la información aún más, lo que implicaría medidas mejoradas, auditorías más detalladas para determinar quién ha accedido a qué tipo de registros, e investigaciones más severas.

La revelación de Wikileaks se ha comparado con la salida a la luz, en 1970, de documentos clasificados del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam, en el New York Times. La Administración Obama espera que pronto se olvide el incidente, si bien sus consecuencias pueden ser devastadoras. No obstante, la brecha debería llevar a todos los gobiernos a replantearse el modo en el que controlan, ocultan y distribuyen información.