La lucha de los trabajadores desconectados durante la pandemia subrayó la necesidad, de una vez por todas, de cerrar la brecha digital. Las empresas de tecnología deberían ayudar a financiar la solución.

La brecha digital se profundizó durante la pandemia, ya que las puertas se cerraron y los servicios, las aulas y los trabajos se trasladaron en línea. Para la mayoría de los estadounidenses, gran parte de la vida se volvió virtual, pero para las decenas de millones de personas que viven donde no se ofrece el servicio de banda ancha, gran parte desapareció. Sin escuela, sin trabajo, sin actividades sociales.

La lucha de los estadounidenses desconectados se puso de relieve durante la pandemia, lo que dio lugar a un amplio consenso de que por fin debe cerrarse la brecha digital. El apoyo bipartidista para tomar las medidas necesarias para alcanzar la banda ancha universal se fusionó durante 2020, y los republicanos y la Casa Blanca establecieron recientemente un objetivo de 65 mil millones de dólares para asistencia federal para brindar conexiones de banda ancha a quienes viven fuera del alcance de cualquier servicio de acceso a Internet.

Dedicar dólares a la infraestructura de Internet puede hacer que la banda ancha esté disponible universalmente, pero garantizar que una suscripción sea asequible para los estadounidenses de bajos ingresos es un paso igualmente necesario para cerrar la brecha digital.

Además de identificar un presupuesto para la construcción, la propuesta de banda ancha de la Casa Blanca hizo una sugerencia sobre la asequibilidad que carecía de la consideración adecuada:

“Si bien el presidente reconoce que los subsidios individuales para cubrir los costos de Internet pueden ser necesarios a corto plazo, cree que proporcionar subsidios continuamente… no es la solución adecuada a largo plazo para los consumidores o los contribuyentes”.

El plan procedió a insinuar controles de precios para el servicio de Internet, lo que socavaría la inversión privada que ha hecho de la infraestructura de comunicaciones de Estados Unidos la envidia del mundo. La imposición de precios más bajos para el acceso a Internet dejaría a los proveedores de servicios sin ingresos suficientes para construir, actualizar y mantener las redes que mantienen a Estados Unidos competitivo a nivel mundial y pondría en peligro la capacidad de nuestra nación para liderar en 5G, como lo hizo en 4G.

Bajar artificialmente los precios de la banda ancha no es la respuesta. Se ha realizado una revisión completa del programa Lifeline existente de la FCC.

Lifeline es el programa federal que brinda a los consumidores de bajos ingresos subsidios mensuales de 9.25 dólares para que los servicios de comunicaciones sean asequibles. El programa se inició en 1985 y se centró en el servicio de telefonía fija y se amplió en 2016 para cubrir las suscripciones de banda ancha. Pero se basa en una estructura de financiación insostenible, que necesita urgentemente una reforma.

El dinero para los programas del Fondo de Servicio Universal (USF) de la FCC, de los cuales Lifeline forma parte, proviene de un impuesto llamado “factor de contribución” sobre los servicios telefónicos internacionales y de larga distancia tradicionales. A medida que ha aumentado el uso de Internet para comunicaciones de todo tipo, ha disminuido en consecuencia el uso de la red telefónica para llamadas internacionales y de larga distancia tradicionales. A medida que menos personas pagan el impuesto al factor de contribución, la tasa impositiva ha aumentado constantemente.

Hace una década, el impuesto representaba el 15.5% de los ingresos de larga distancia, pero se ha más que duplicado a un 33.4% en la actualidad. A medida que más comunicaciones se trasladen a la web y se alejan de la red telefónica, el problema solo empeorará con nuevos aumentos de impuestos a medida que disminuya la base de ingresos. Es una estructura insostenible que está al borde del colapso.

Gravar el servicio telefónico para pagar la banda ancha es como gravar los billetes de tren para subvencionar los viajes aéreos. En lugar de seguir dependiendo exclusivamente de un impuesto telefónico, un enfoque mucho mejor y más justo sería exigir que la financiación se distribuya en todo el ecosistema de Internet.

Las grandes empresas de Internet que dependen y se benefician de que los estadounidenses estén en línea deben contribuir al programa. En una encuesta de marzo de 2021 realizada por Recon Analytics, más de 7 de cada 10 (71.4%) estadounidenses estuvieron de acuerdo en que “las empresas como Google y Facebook que ganan dinero a través de Internet deberían contribuir a brindar acceso a los estadounidenses que no tienen Internet”.

Si se agrega Big Tech a la lista de benefactores de Lifeline, el programa podría convertirse en “la solución adecuada a largo plazo” para consumidores y contribuyentes. Y con una nueva base de ingresos sostenibles, el subsidio mensual podría aumentarse de 9.25 dólares por mes a una cantidad que se aproxime al costo de una suscripción de banda ancha actual.

Incluir contribuciones financieras de Big Tech es una respuesta obvia y atractiva a la pregunta de asequibilidad de la banda ancha. Contribuir a Lifeline permitiría a empresas como Amazon, Google y Facebook reforzar sus bases de usuarios, evitando al mismo tiempo las barreras a futuras inversiones privadas que serían la consecuencia inevitable de imponer controles de precios en el acceso a Internet.

Con un amplio consenso ahora logrado sobre la necesidad de asignaciones federales para construir una infraestructura de Internet que sirva a una población mayoritariamente rural, es hora de un enfoque igualmente intenso en la necesidad de cerrar el aspecto de asequibilidad de la brecha digital. Exigir contribuciones financieras de los proveedores de contenido de Internet, así como de los proveedores de servicios de Internet, es un camino prometedor.

Rick Boucher, CIO.com