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Gestión de baterías, el reto clave para el futuro de la electromovilidad

La electromovilidad representa una corriente imparable. Cada vez más países impulsan políticas públicas que aceleren su adopción y permitan atender los desafíos que acompañan esta transición.

Uno de los mayores retos en el desarrollo de la movilidad eléctrica es la gestión de las baterías de litio al final de su vida útil. Aunque existen avances, las soluciones de reutilización y reciclaje aún son limitadas en la región y las alternativas de segundo uso se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

En el whitepaper “Gestión de baterías de vehículos eléctricos en América Latina”, VEMO y REMSA (Recicla Electrónicos México) explican que el litio es un mineral fundamental para la transición energética. Por ello, resulta esencial maximizar su aprovechamiento a lo largo de todo el ciclo de vida de las baterías mediante distintas estrategias:
Segunda vida: Las baterías que aún conservan capacidad pueden destinarse a sistemas de almacenamiento estacionario de energía, aprovechando su vida útil remanente para apoyar la operación de cargadores eléctricos o integrar fuentes renovables.
Reciclaje: Aquellas baterías que ya no tienen capacidad funcional deben ser desmontadas y procesadas adecuadamente, recuperando materiales valiosos como litio, cobalto o níquel para reincorporarlos a la cadena de suministro.
Disposición final: Los materiales que no pueden ser recuperados deben recibir un manejo controlado y ambientalmente seguro.

Panorama y gestión residual

En México, las baterías de litio están clasificadas como residuos de manejo especial en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2003) y la NOM-161-SEMARNAT-2011. Esta última permite la elaboración de planes de manejo voluntarios, aunque no contempla sanciones directas por incumplimiento.

En 2022 el gobierno lanzó un Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Residuos Especiales que reconoce a las ULIBs (baterías de litio usadas) como un desafío emergente. Por su parte, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) establece como meta alcanzar el 10% de ventas de vehículos eléctricos para 2030 y una electrificación total al 2050, junto con el desarrollo de un marco normativo robusto para el reciclaje y reúso de baterías.

Según lo publicado por la Agencia Internacional de Energía (IEA) en el Global EV Outlook 2023, la demanda de baterías de litio para vehículos eléctricos alcanzó casi 800 GWh, mientras que la capacidad global de reciclaje de baterías alcanzó solo 300 GWh (de los cuales el 80% está ubicado en China, y el resto distribuido entre Estados Unidos y Europa). Y si bien estos 800 GWh estarán disponibles para segunda vida o reciclaje gradualmente de aquí a unos años, los números muestran que cuando sea necesario darles un destino a estas baterías no habrá capacidad suficiente a nivel global para procesarlas.

De acuerdo con VEMO y REMSA, la falta de capacidad local podría forzar el envío de baterías a países donde existan instalaciones de reciclaje subutilizadas, incurriendo en altos costos logísticos, complejidad operativa y un mayor impacto en la huella de carbono debido al transporte. En consecuencia, se afectaría negativamente la huella de carbono total de los vehículos eléctricos, ya que en su análisis de ciclo de vida se incluyen también las etapas de transporte y reciclaje.

De acuerdo con VEMO, el aprovechamiento de batería de vehículos eléctricos en sistemas de almacenamiento de energía es una estrategia clave para avanzar hacia una economía más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Para ello, explican, se requiere un enfoque colaborativo entre industria, gobiernos y la sociedad civil para desarrollar políticas, normativas y tecnologías que faciliten su adopción a gran escala.

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