Estamos cerca de cumplir dos décadas de la promesa del gobierno abierto y aún no lo hemos conseguido. A principios de los años 2000, la ausencia de una ideología que fortaleciera el proceso globalizador y la falta de desarrollo económico sostenido, se combinaron para que los gobiernos perdieran legitimidad, la mejor idea fue abrir los datos gubernamentales.
Gracias al presidente estadounidense Barack Obama, las ideas de transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos cobran relevancia hasta convertirse en la Alianza para el Gobierno Abierto. México, uno de los países fundadores, publicó la Ley de Transparencia en el 2002 y posteriormente la Reforma del 2015. Surgió entonces el IFAI, que madura hasta convertirse en el actual INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
En esta trayectoria hacia el gobierno, ¿dónde están los datos abiertos que promueven la participación ciudadana?
La romántica idea del gobierno abierto ha caído en una simulación burocrática.
Hacemos como que “abrimos los datos gubernamentales” que no nos afecten; creamos órganos garantes que ayuden a cumplir la ley; hacemos conferencias, cursos de capacitación, paneles, todo ello según Johnston, M., & Fritzen, S. A. (2020) es parte de la industria anticorrupción, pero no avanzamos hacia el objetivo del estado abierto.
Simulamos la apertura de los datos, pero en realidad los ocultamos detrás de cortinas de trámites, sistemas informáticos, pretextos políticos. Por ejemplo, los datos gubernamentales relacionados con la pandemia COVID-19 siguen siendo una incógnita. Desconocemos el costo de la pandemia en medicamentos, hospitales, defunciones, número real de infectados, licitaciones para compra de vacunas, etc. Datos gubernamentales que permanecen cerrados en tiempos del gobierno abierto.
Otro ejemplo es el Ranking de Portales Estatales de Transparencia Estatal (RPET) que publico cada año desde el 2006. En las últimas tres mediciones, los datos muestran un retroceso en el componente de Participación ciudadana, en lugar de alentarla. Más ejemplos: la ausencia de condenas, multas o sanciones contra funcionarios públicos que se oponen a abrir los datos gubernamentales.
La fallida puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia hace unos años y el reciente hackeo de la misma, demuestra que hay intereses políticos o económicos preocupados por lo que pueda revelar dicha herramienta y por eso es mejor hackearla. Pero también las bases de datos (que contienen datos públicos y confidenciales) están en riesgo de ser expuestos o mal utilizados.
Finalmente, está la ausencia de políticas públicas para impulsar la gobernanza de los datos que resguarden, clasifiquen, protejan datos clave tanto de la operación gubernamental como los datos personales de los ciudadanos.
A partir de estos argumentos, puedo afirmar que hemos sido engañados y no se ha avanzado en la implementación del gobierno abierto. Se ha puesto en marcha una simulación para transparentar el gobierno. Los políticos en su discurso circular lo demuestran: transparencia-gobierno abierto-transparencia-transparencia, dejando fuera los avances tecnológicos y conceptuales que se han realizado hasta la fecha.
Nos hemos perdido en el camino hacia el gobierno abierto.
En esta Semana Nacional de Transparencia 2021 (del 27 de septiembre al 1 de octubre) se debería reflexionar sobre las acciones urgentes para retomar la dirección correcta. Más nos vale estar preparados antes de que la Inteligencia Artificial nos alcance y termine por abrir los datos gubernamentales a la fuerza.
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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en rsandovuaem@gmail.com y en la cuenta de Twitter @horus72.
