El 4 de mayo de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó nuevos criterios generales que marcan un cambio relevante en la fiscalización. En un entorno regulatorio y fiscal cada vez más complejo, estas medidas buscan fomentar la inversión productiva mediante una mayor certeza jurídica y un cumplimiento fiscal más ágil.
Este nuevo enfoque se apoya en tres pilares estratégicos:
- Orientar a las y los auditores del SAT: definir reglas claras para que las autoridades actúen bajo criterios alineados
- Impulsar la inversión: ofrecer eficiencia administrativa para que las empresas operen con certidumbre
- Unificar posturas y su aplicación: evitar interpretaciones distintas dentro de la propia autoridad
Nuevo enfoque para las revisiones fiscales
Uno de los cambios más relevantes es que el SAT estableció como criterio general la realización de una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente, utilizando muestras representativas de la información a fin de evitar revisiones simultáneas, salvo en aquellos casos en que las disposiciones legales o las circunstancias particulares justifiquen auditorías adicionales respecto de múltiples ejercicios fiscales.
Lo anterior significa que las revisiones serán más integrales con énfasis en la identificación de riesgos, en lugar de analizar la totalidad de las operaciones. En la práctica, esto puede traducirse en menos requerimientos duplicados, reducción de cargas administrativas y menor desgaste operativo para las compañías.
Este cambio es especialmente relevante para contribuyentes que, por la naturaleza de sus operaciones, son auditados por múltiples ejercicios de manera continua, generando altos costos administrativos y operativos. Esta directriz fortalece el principio de seguridad jurídica, al permitir que el contribuyente conozca con mayor claridad el posible alcance de las revisiones y los recursos necesarios para atender las auditorías de manera ordenada y oportuna.
Aunque esta regla no es absoluta, ya que pueden existir excepciones justificadas, su efectividad dependerá de que estas se apliquen de manera estricta, sin desvirtuar el objetivo principal de los lineamientos: brindar mayor certeza jurídica.
Certeza jurídica y uniformidad en los criterios de revisión
Otro eje fundamental es la intención del SAT de apegarse estrictamente a los plazos y procedimientos legales. Con ello se busca fortalecer la certeza jurídica y promover una aplicación más uniforme de los criterios de revisión por parte de la autoridad.
En este sentido, se refuerzan principios clave como la no retroactividad y el respeto a los plazos de caducidad. Estos elementos funcionan como límites temporales claros para la autoridad fiscal, asegurando que el modelo no solo sea eficiente, sino también legalmente seguro para las y los contribuyentes. Esto permite que las organizaciones tengan mayor claridad sobre el alcance y la duración de las auditorías, facilitando su planeación y defensa.
Alcance e impacto de los lineamientos
Es importante destacar que estos criterios no son leyes ni reglamentos, por lo que no imponen nuevas obligaciones ni cargas a las empresas. Se trata de lineamientos administrativos, conocidos como soft law, que buscan regular y uniformar la conducta interna de la propia autoridad fiscal.
Sin embargo, en la práctica resultan relevantes, ya que las y los contribuyentes pueden asumir que la autoridad actuará conforme a lo previsto en ellos, respetando los procedimientos y parámetros públicos, por lo que pueden utilizarse como referencia en caso de controversias; es decir, aunque no sustituyen a la ley, sí pueden servir como elemento de apoyo para cuestionar decisiones inconsistentes por parte del SAT.
Esta iniciativa representa un paso positivo hacia un esquema de fiscalización más transparente y previsible en México. La adopción de auditorías más integrales y con mayor certeza contribuye a generar un entorno más favorable para la inversión.
Hoy, las compañías cuentan con un nuevo elemento de certidumbre; la clave está en conocer su alcance y saber utilizarlo de forma preventiva como parte de su estrategia fiscal. Esto puede marcar una diferencia significativa para anticipar riesgos y generar mayor certidumbre en la operación y la planeación financiera de los negocios.
Por: Carlos Pérez Gómez, Socio de Controversia en Precios de Transferencia de KPMG México y Antonio Ramírez,Socio de Controversia en Precios de Transferencia de KPMG México
