En tiempos de auge nacionalista, la pregunta sobre la soberanía digital es inevitable: ¿dónde quedan realmente nuestros datos en Internet y quién los controla? La respuesta no es alentadora. No somos plenamente soberanos y la infraestructura que sostiene la red —centros de datos, chips y nubes— se ha convertido en campo de disputa económico-política. Es un asunto estratégico para cualquier nación que busque proteger su autonomía en la era digital.

Un estudio reciente analizó 775 centros de datos fuera de Estados Unidos y descubrió que casi la mitad de las inversiones pertenecen a empresas estadounidenses. Esto significa que, aunque un país hospede servidores en su territorio, la propiedad y el control permanecen en manos extranjeras. La paradoja es clara: los datos residen localmente, pero la soberanía sobre ellos se diluye en la lógica global. La Unión Europea intenta responder con iniciativas de “soberanía en la nube”, mientras Estonia ha desarrollado su sistema X-Road, que asegura la interoperabilidad y el control gubernamental de la información. Estos ejemplos demuestran que la soberanía digital no es un concepto, sino una práctica común.

El segundo frente de esta disputa está en los chips. La compra de acciones de Intel por parte del gobierno estadounidense demuestra que los semiconductores ya son un asunto de seguridad nacional. Lo que está en juego no son solo procesadores más rápidos, sino cadenas de suministro críticas que alimentan desde teléfonos hasta sistemas de inteligencia artificial y defensa militar. China e India fortalecen sus plataformas nacionales para reducir dependencia, mientras Estados Unidos apuesta por una política industrial agresiva con el fin de asegurar su liderazgo. La competencia tecnológica es competencia por soberanía.

El tercer nivel del debate es la gobernanza digital. Europa apuesta por estándares comunes y marcos regulatorios compartidos. China e India privilegian el control estatal y plataformas propias. Estados Unidos está convencido de que quién controle los chips controlará también el futuro digital.

En este contexto aparecen los hiperescaladores —Amazon, Microsoft, Google— que promueven la llamada “nube soberana”. Este modelo ofrece alojar datos en infraestructuras locales y sujetarlas a regulaciones nacionales, sin sacrificar innovación global. Sobre el papel parece la propuesta más práctica pero ¿puede una nube gestionada por corporaciones extranjeras garantizar soberanía de un país?

La agenda sobre soberanía digital plantea múltiples desafíos: acceso transfronterizo, evaluación de riesgos, clasificación de funciones críticas y creación de espacios de datos confiables. Una salida posible sería avanzar hacia una soberanía digital verificable, que combine contratos claros con estándares definidos por los gobiernos y esté respaldada por nubes con límites nacionales precisos. Este modelo requiere inversión pública considerable. Hospedar datos nacionales no es barato y no sabemos si los Estados están dispuestos a financiarlo de manera sostenida.

Además muchos ciudadanos seguiremos usando servicios extranjeros —plataformas de streaming, redes sociales o entretenimiento en línea— y que esa dimensión global de los datos difícilmente desaparecerá. Lo que sí puede y debe ocurrir es proteger la información estratégica y gubernamental en infraestructuras nacionales seguras. No se trata de prohibir lo externo, sino de blindar lo sustantivo y garantizar que lo esencial permanezca bajo control local.

La soberanía digital no se alcanzará con un modelo único. Es una combinación de inversión, controlar la producción de chips y la construcción de nubes soberanas; los países deberán decidir cuánto invertir para que sus datos no dependan de otros. La independencia digital costará caro, pero ignorar el problema podría salir aún más caro y peligroso.

El autor de la columna Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.