El reparto de utilidades (PTU) no es sólo un beneficio económico para los empleados, sino un derecho constitucional que busca reconocer la labor de las personas trabajadoras como una pieza determinante en la generación de las ganancias de cualquier organización.
Durante este ejercicio 2026, las empresas y empleadores deben tener presente que el cumplimiento de esta obligación conlleva una serie de plazos y requisitos administrativos que, de no atenderse correctamente, pueden generar contingencias legales y económicas considerables.
De acuerdo con el calendario oficial de Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el periodo para que las empresas realicen este pago comprende del 1 de abril al 30 de mayo, mientras que para los trabajadores que laboran para una persona física, el plazo va del 1 de mayo al 29 de junio. Tienen derecho a recibir esta prestación los trabajadores activos y extrabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año anterior.
Ante este obligación patronal, Estefanía Rueda, socia del despacho laboral Littler, recomienda a las empresas y organizaciones poner especial atención en cinco aspectos fundamentales para asegurar un cumplimiento total:
1. Entrega de la declaración anual: los patrones deben proporcionar a los trabajadores una copia de la declaración anual dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su presentación, permitiendo que el personal conozca el monto total a repartir.
2. Integración de la Comisión Mixta: es obligatorio constituir una comisión con igual número de representantes del patrón y de los trabajadores para elaborar el proyecto de reparto y vigilar su cumplimiento.
3. Publicación del proyecto de reparto: una vez elaborado por la comisión mixta, el proyecto debe fijarse en lugares visibles del centro de trabajo para que los empleados puedan revisarlo y, en su caso, presentar objeciones en un plazo de 15 días.
4. Documentación y CFDI: el pago debe quedar debidamente registrado en los recibos de nómina bajo el concepto de PTU, asegurando que el CFDI correspondiente se emita tanto para empleados activos como para ex trabajadores.
5. Resguardo de evidencia para ex empleados: en caso de que no sea posible localizar a un ex trabajador, la empresa debe contar con evidencia documental de haber intentado contactarlo para informar sobre la existencia de su saldo a favor.
Es importante recordar que no todas las organizaciones están obligadas al reparto de utilidades. Quedan exentas las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento y las instituciones de beneficencia sin fines de lucro. No obstante, para el resto de las organizaciones, es fundamental asegurar una correcta implementación del proceso para evitar riesgos de incumplimiento. El incumplimiento de estas reglas puede derivar en multas que oscilan entre los $29,327.50 y los $586,550.00 pesos por cada infracción.
