Dos décadas después de iniciar la evaluación de los portales de transparencia estatales, la evidencia es clara: la transparencia digital en México avanza con pasos cada vez más inciertos. La medición 2025 muestra no solo retrocesos en la calidad de los portales, sino la desaparición de varios de ellos. ¿Qué sentido tiene seguir midiendo lo que ya no existe?

Comencé este ejercicio en 2005, revisando cómo los estados adaptaban sus portales a los nuevos estándares de transparencia. Veinte años después, el avance es mínimo. Cada año he observado con detalle los cambios y ajustes de las plataformas, sus aciertos y omisiones, y puedo afirmar que el progreso ha sido más de forma que de fondo.

El estudio de 2025 se construyó a partir de cinco grandes rubros: los datos abiertos, las disposiciones legales, la participación ciudadana medida en colaboración vertical (funcionario–ciudadano) y horizontal (ciudadano–funcionario), y finalmente la interfaz, es decir, las características técnicas y de accesibilidad del sitio. La suma de estos componentes ofrece un indicador compuesto: el estado con la mayor puntuación se coloca en el primer lugar del ranking.

Este año, Guanajuato encabeza la lista con 80.7 puntos. Sus resultados: 80 en disposiciones legales, 100 en colaboración vertical, 60 en horizontal, 77 en datos abiertos y 85 en interfaz. Podría parecer extraño que el primer lugar no haya alcanzado la perfección en todos los rubros, pero la razón es simple: el resto de los estados obtuvo calificaciones más bajas en casi todos los aspectos.

No abordaré aquí los resultados de cada entidad —pueden consultarse en línea, pero hay un dato que resulta alarmante: seis estados ya no contaban con un portal de transparencia al momento de la evaluación (marzo–abril de 2025). Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Zacatecas, Veracruz y Tlaxcala eliminaron sus sitios, pese a haberlos mantenido durante años. El caso de Zacatecas es particularmente simbólico: llegó a ocupar la primera posición nacional en ediciones anteriores.

Esta tendencia parece consolidarse. La modificación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en diciembre de 2024, eliminó la obligación de que los estados mantengan sus propios portales. En su lugar, se busca centralizar la información en dos plataformas nacionales: Transparencia para el Pueblo y la heredada del extinto INAI. La intención oficial es “simplificar el acceso”; la consecuencia práctica es desmantelar los espacios digitales donde los ciudadanos podían consultar la gestión de su gobierno local.

Aún no podemos medir el impacto real de esta decisión. Es cierto que muchos ciudadanos no usaban estos portales o desconocían su existencia, pero en varios estados constituían un complemento indispensable de la información pública. Incluso dependencias gubernamentales acudían a ellos para acceder a datos actualizados y ordenados.

El legado más valioso de dos décadas de políticas de transparencia fue precisamente ese: obligar a los gobiernos a sistematizar datos que antes estaban dispersos, duplicados o inaccesibles. La transparencia digital no solo benefició a periodistas y académicos; dio a la ciudadanía una herramienta concreta para vigilar y exigir cuentas.

Hoy, al desaparecer esos portales, corremos el riesgo de retroceder. La transparencia nació como una promesa de acceso ciudadano a la información pública, pero enfrenta una paradoja: su propia desaparición institucional. Si los portales se apagan y la información se concentra, lo que está en riesgo no es un repositorio de datos, sino el derecho mismo a saber.

El autor de la columna Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.